El cine siempre ha sido un lenguaje vivo en nuestro país, y da cuenta de eso el prestigio internacional que siempre han tenido nuestras películas. Pero desde hace un tiempo, y por diversos factores, la industria ha entrado en una profunda crisis. La actividad padece una situación crítica como consecuencia de la falta de reacción ante la caducidad de la ley que financia al Incaa y el aletargamiento de la aprobación de la nueva propuesta de ley. A esto se suma el avance de las plataformas de streaming y el alto porcentaje de películas extranjeras que se exhiben en las salas de todo el país.
La industria cinematográfica argentina vive una crisis apremiante que obedece a múltiples causas. La pandemia, sin dudas, le asestó un golpe durísimo, pero no es la culpable de todos los males. La invasión de las plataformas de streaming internacionales, cuya inversión local es mínima o inexistente; la criticada gestión del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y sobre todo la caducidad del Fondo de Fomento Cinematográfico, programada para enero de 2023, que de concretarse dejaría al Incaa, entre otros organismos, casi sin fondos. Todo esto constituye un escenario oscuro y que inevitablemente las mayorías de los sectores acuerdan en que debe revertirse.
La anomalía del confinamiento puso en evidencia, de manera concreta y brutal, la crisis del sector. Los cines cerrados implicaron el apagón de un circuito de producción que le daba un importante envión a la economía. Las plataformas de streaming vieron el filón y ganaron todavía más terreno.
El corazón de la crisis
El gobierno del expresidente Mauricio Macri sancionó, en 2017, la ley 27.432, que estableció reformas tributarias y le puso fecha de vencimiento a impuestos que alimentan al Fondo de Fomento a las Artes. Los trabajadores del sector audiovisual consideraron inaudito que la gestión del Incaa no solo no actuara para modificar la situación, sino que tampoco fue receptivo a los pedidos de diálogo. El sector pide por cambios más profundos, de políticas, y una discusión sobre las modificaciones de una Ley de Cine que tiene más de 20 años.
Los reclamos de la industria audiovisual apuntan a una política de distribución y exhibición que permita al cine nacional llegar a los públicos de todo el país, pero, sobre todo, medidas que garanticen el financiamiento. Concretamente, claman que se cree un nuevo Plan de Fomento y la imposición de un impuesto a las plataformas de streaming.
Netflix en la Argentina tiene casi 6 millones de suscriptores. Podemos deducir que estamos en los 10 millones entre todas las plataformas, sumando a Amazon, HBO Max, Disney Plus y otras más. Si cada abono mensual cuesta mil pesos (aproximadamente), esto se traduce en millones de dólares que salen del país. La nueva ley que se exige y que necesita el cine argentino no puede dejar afuera esta ecuación.
Cultura y soberanía
En esta crisis aparecen dos formas de ver la cultura. Una que entiende el acceso a las diversas manifestaciones artísticas como un derecho (que, además, fomente distintas modalidades de producción y diversidad de miradas) y la otra que la deja librada a la lógica del mercado. Lo que está en juego hoy, en un nuevo escenario de la producción audiovisual, con nuevos actores y nuevos intereses, es la soberanía audiovisual cinematográfica. Si lo que se pretende es contar historias que amplíen miradas, pongan en escena actores poco visibles y sumen a la construcción de la memoria, la cuestión se complica a la hora de la financiación, sobre todo, privada. Y, en ese sentido, el fomento no debe perder esta opción de financiamiento a sectores de realización independiente que, de no existir aportes está condenado a la permanente marginalidad de producción. Democratizar las miradas teniendo en cuenta a sectores vulnerables de la industria se torna inevitable, y ayudará a que no siempre se promuevan a los mismos realizadores y productores. También es importante federalizar el fomento ya que cuando se habla de “cine argentino”, en realidad debemos tener en cuenta que la mayoría de esas producciones se concentran en Buenos Aires.
En este sentido, el Polo Audiovisual de Merlo posee una plataforma de contenido nacional y de acceso libre y gratuito: MIRAR.
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